La actual embajadora de Burkina Faso en Roma y antigua ministra de Justicia en el ministerio de transición de Burkina Faso (2014) cultiva vínculos con Emaús Internacional desde hace treinta años. Apoya el Foro Mundial de las Alternativas que organiza Emaús y aquí, responde a nuestras preguntas.
¿Cuándo se cruzó Emaús Internacional en su camino?
En 1988, me invitaron a participar en una reunión de Emaús Italia en Florencia y ahí descubrí el movimiento, su misión social y política a partir de la visión del Abbé Pierre sobre la pobreza y la exclusión. Visité el lugar de vida y trabajo de los “compañeros de Emaús”, así como los centros de recuperación, clasificación y venta de todo tipo de objetos, ropa y materiales usados. Posteriormente, tuve la oportunidad de escuchar y leer los testimonios y las palabras del Abbé Pierre. Me atrajo la profunda vertebración entre su visión, su convicción y sus actos. Vivía conforme a lo que pensaba y a lo que decía. Consiguió, a través del movimiento Emaús, restaurar la dignidad y volver a dar sentido a la vida de millones de pobres que quedaban relegados en los márgenes de la sociedad.
¿Qué le inspira el movimiento Emaús?
Me identifico plenamente con la idea de que la exclusión y la miseria cesarán cuando cada persona considere normal e incluso obligatorio que las demás disfruten de los mismos derechos que ella. Los principios y los valores que guían las acciones y las comunidades Emaús pretenden dar lugar, función e identidad a quienes los asumen. El movimiento Emaús reconstruye una nueva condición para sus integrantes, dándoles la oportunidad de utilizar sus talentos escondidos, sus energías y sus tiempos para romper el círculo vicioso del empobrecimiento material, social y moral. Este enfoque ha inspirado y seguirá inspirando políticas públicas para luchar contra la pobreza y la exclusión.
Usted ejerce en el ámbito diplomático. En su opinión, ¿qué función desempeña la política en el bien común? ¿Cómo puede (o debe) la política tener en cuenta a la sociedad civil?
Si existe un campo donde la política se ocupa del destino de la humanidad, es en la gobernanza del bien común. Mediante el Estado, los gobernantes son los primeros responsables de la gestión del bien común según el interés general porque esa es la finalidad de las políticas públicas. Por desgracia, los gobernantes, en su mayoría, se sienten con poderes ilimitados que les confieren el derecho a tomar decisiones y a establecer criterios que están más al servicio de los intereses del sistema económico dominante que al de los pueblos. El calentamiento global y sus consecuencias mortíferas para los ecosistemas, la alimentación y la salud humana son la prueba de que los gobernantes de las potencias económicas deciden y actúan, en general, en función de otros objetivos que no son la preservación del planeta ni del bienestar de las personas. Con la creación del concepto de “buena gobernanza” (que por fortuna se abandonó porque se reconoció que era un engaño…) y las normas, procedimientos y prácticas en los que se basaba, sobre todo a través de los mecanismos de ayuda al desarrollo de los países del sur, hemos entendido que el mundo estaba ya sometido a una sola ideología, la de la tecnocracia, el lucro, la eficiencia, la funcionalidad y sus marcos lógicos. Sabemos que sus principios, sus métodos y sus instrumentos sirven a un sistema económico que no se preocupa por las necesidades, los derechos o los estados de ánimo de los pobres, los grupos vulnerables y las minorías.
¿Tiene cabida la sociedad civil en la gobernanza del bien común?
Los movimientos sociales, que conforman agentes de la sociedad civil con un mandato político conferido claro, están en el origen de la denuncia de políticas y de prácticas económicas. La sociedad civil, en su sentido más amplio, tendría que estar involucrada de forma sistemática en los procedimientos para elaborar políticas públicas que afectan de cerca o de lejos a la preservación del bien común.
¿Tiene la sensación de que las personas más marginadas están excluidas de la agenda política?
Si un gobierno reconoce que una categoría de la población está excluida o marginada, eso significa que reconoce a su vez que dicha categoría es víctima de un modo de gobernanza que engendra exclusiones. El problema es que los programas nacionales de desarrollo hablan normalmente de la pobreza y de la extrema pobreza mediante datos en cifras, como los índices de acceso al saneamiento, a la electricidad, al agua potable, a la seguridad alimentaria, a la sanidad, etc. Dichos datos remiten a los gobernantes a soluciones técnicas mesurables sin duda en el terreno, pero que en ningún caso pueden hacerse cargo del sentimiento de injusticia y de impotencia de quienes están al final de la escala social o ni siquiera están en ella.
Información recopilada en agosto de 2018
